CEDIA OPINA
En los mapas oficiales, miles de hectáreas amazónicas aparecen como “territorios comunales titulados”. Este logro representa décadas de lucha, organización y resistencia de los pueblos indígenas para que el Estado reconozca legalmente sus tierras ancestrales. Sin embargo, el título comunal, aunque indispensable, no significa automáticamente seguridad ni control efectivo del territorio. Es apenas el inicio de un camino más complejo: ejercer soberanía indígena en la práctica.
La experiencia demuestra que el título marca el cierre de un proceso legal, pero abre otro más desafiante: garantizar que el territorio no solo exista en los papeles, sino que se viva, se cuide y se gobierne desde adentro. Allí empieza la verdadera gobernanza indígena, que se construye cotidianamente a través de la organización comunal, la vigilancia activa y la capacidad de tomar decisiones colectivas frente a un entorno cada vez más amenazante.
En toda la Amazonía, muchas comunidades nativas tituladas enfrentan aun amenazas persistentes como la tala ilegal, minería, tráfico de tierras y especies, invasiones y concesiones superpuestas. La frontera extractiva no reconoce límites, y muchas veces el propio Estado tampoco. Ante estos problemas, las comunidades no esperan pasivamente: responden con organización y con una práctica que se ha vuelto fundamental para la defensa de sus derechos y territorios: la vigilancia comunitaria.
La vigilancia comunitaria es hoy una de las expresiones más claras de soberanía territorial indígena. Si bien su legitimidad proviene de la organización comunal, también cuentan con un respaldo legal que fortalece su accionar.
En el Perú, este rol se sustenta en normas nacionales e internacionales:
- La Constitución Política (art. 89) reconoce la existencia legal, autonomía y jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras.
- El Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, garantiza el derecho de los pueblos indígenas a administrar, controlar y proteger sus territorios.
- La Ley N.º 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, reconoce la facultad de las comunidades para realizar control y vigilancia a través de los Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario (CVCFC).
- Los “Lineamientos para el reconocimiento o acreditación de Custodios del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación” (2019) del SERFOR, establecen procedimientos, obligaciones y atribuciones para acreditar a los custodios comunales como defensores del patrimonio forestal y de fauna silvestre.
Sin embargo, todo proceso de reconocimiento empieza mucho antes de llegar a una oficina del Estado. Nace en la propia comunidad, en asamblea, cuando los comuneros eligen democráticamente a los integrantes del Comité de Vigilancia y les otorgan el mandato para defender el territorio. Esa decisión colectiva es el primer acto de legitimidad y constituye la base de todo el procedimiento posterior.
A partir de esa elección, se inicia el trámite formal ante la autoridad competente —la Gerencia Regional Forestal o, en algunos casos, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS)— para el reconocimiento oficial del comité. Para ello, la comunidad debe presentar requisitos específicos: el acta de elección firmada en asamblea, el título de propiedad comunal y una descripción de la forma en que el comité organizará su trabajo. Una vez verificados los documentos, la autoridad emite la resolución que reconoce al comité como órgano comunal de vigilancia.
«La experiencia demuestra que el título marca el cierre de un proceso legal, pero abre otro más desafiante: garantizar que el territorio no solo exista en los papeles, sino que se viva, se cuide y se gobierne desde adentro»
Ese reconocimiento abre la puerta a una segunda etapa: la acreditación individual de los custodios forestales. Para este proceso, cada integrante debe presentar DNI vigente, constancia de capacitación en legislación forestal y de fauna, residencia en la comunidad y no registrar antecedentes. Con estos requisitos, la autoridad regional emite la credencial oficial que acredita a los custodios como defensores del patrimonio forestal.
Así, la autoridad del comité se construye desde dos pilares complementarios: la legitimidad comunal, otorgada en asamblea, y la legitimidad estatal, expresada mediante resoluciones y acreditaciones. Juntas fortalecen la vigilancia comunitaria, dándole formalidad, respaldo legal y capacidad real de incidencia en el territorio.
Es claro que la fuerza de estos comités no está únicamente en la norma, sino en la convicción. Sus patrullajes, reglamentos internos y planes de monitoreo comunitario permiten ordenar la vigilancia con diagnósticos de amenazas, rutas críticas, cronogramas y presupuestos para logística y seguridad. Cada acta levantada, cada registro de tala o invasión, es al mismo tiempo prueba legal y afirmación de soberanía.
Las experiencias en distintos territorios amazónicos muestran cómo la vigilancia comunitaria se consolida como una herramienta de gobernanza.
En las comunidades del Alto Madre de Dios, por ejemplo, existían múltiples comités dentro de la misma comunidad: algunos creados para vigilancia forestal, otros para monitoreo de fauna, otros para control del río o de accesos, otros para apoyar la vigilancia de ANPs colindantes, etc. Cada vez que una institución externa llegaba para trabajar un tema específico, se formaba un nuevo comité. Esto generó una estructura dispersa, sin coordinación, con recursos limitados y, en muchos casos, con tensiones internas y conflictos entre los propios comuneros.
Frente a este escenario, CEDIA facilitó un proceso de diálogo que terminó en la unificación de comités dispersos en un solo Comité de Vigilancia Comunal. Este comité único fue elegido en asamblea general, formalizado mediante acta comunal y posteriormente reconocido por la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios o la Administración Técnica Forestal de Cusco.
Esta intervención no se limitó a la formalidad, sino que hizo énfasis sobre todo en el fortalecimiento organizativo: la elaboración de reglamentos internos, definición de funciones y mecanismos de comunicación frente a las juntas directivas y a la asamblea general. Con ello, la vigilancia dejó de ser una suma de esfuerzos aislados para convertirse en un sistema comunal coordinado, con capacidad de respuesta.
En lo sucesivo, este comité unificado recibió la capacitación de diferentes instancias públicas, consolidando su funcionamiento.
Posteriormente vino la acreditación individual de los custodios forestales, lo que permitió que los vigilantes no solo actuaran con legitimidad comunal, sino con respaldo legal del Estado. Con ello, se elaboraron planes de monitoreo comunitario que incluyeron rutas críticas, cronogramas, responsabilidades y presupuestos detallados para combustible, alimentación, equipos y comunicación durante patrullajes. Este nivel de planificación garantizó acciones ordenadas y sostenibles, con reportes que hoy sirven como pruebas legales y como herramientas de gestión del territorio.
«Esta intervención no se limitó a la formalidad, sino que hizo énfasis sobre todo en el fortalecimiento organizativo: la elaboración de reglamentos internos, definición de funciones y mecanismos de comunicación frente a las juntas directivas y a la asamblea general. Con ello, la vigilancia dejó de ser una suma de esfuerzos aislados para convertirse en un sistema comunal coordinado, con capacidad de respuesta»
Pero eso no fue todo, una vez fortalecidos, y reconocidos sus comités de vigilancia, las comunidades decidieron ir más allá y dieron el salto de la organización comunal a la articulación territorial. En el Primer Encuentro de Comités de Vigilancia Comunal, que se llevó a cabo el Villa Salvación, en la provincia del Manu, se reunieron los comités de vigilancia de las comunidades del Alto Madre de Dios. Esta reunión congregó también a diferentes instituciones públicas GERFOR, SERFOR, OSINFOR, DIREPRO, MINCUL, MINSA, PNP y organizaciones indígenas representativas como FENAMAD y el ECA AMARAKAERI; quienes expusieron la normativa, las formas de articulación y los mecanismos de denuncia frente a infracciones y delitos ambientales.
Pero la parte más importante de este encuentro se dio durante la plenaria. En este espacio los comités expusieron sus problemas, las amenazas que enfrentaban sus territorios y la manera en la que ellos resistían a las mismas. Gracias a este proceso de profunda reflexión, las comunidades identificaron que tales amenazas no eran únicamente de sus comunidades, sino que eran compartidas por todas las comunidades, estaban afectando todo el paisaje del Alto Madre de Dios. Es así como surgió la idea de conformar la Red de Comités de Vigilancia del Alto Madre de Dios: una organización multiétnica, integrada por comunidades Matsigenkas, Quechuas, Harakbut (Wachiperi) y Yine, que acordaron defender un territorio compartido más allá de las fronteras de cada comunidad.
El enfoque de la Red no se basa únicamente en la identidad étnica, sino en una visión territorial: el bosque como hogar, espacio de vida y patrimonio compartido.
La creación de la Red marcó un precedente. Permitió coordinar patrullajes intercomunales, responder más rápido ante amenazas y generar una sola voz frente a instituciones estatales y regionales. Además, fortaleció la capacidad de incidencia política y de exigencia de derechos. Ya no se trataba de comunidades aisladas denunciando hechos separados, sino de una organización territorial representando a toda una cuenca.
Este modelo demuestra que la vigilancia comunitaria no es solo un mecanismo reactivo de control, sino una plataforma de gobernanza territorial indígena, donde las decisiones se toman colectivamente, se planifica estratégicamente y se construyen alianzas para la defensa del territorio. La Red del Alto Madre de Dios es hoy una experiencia replicable, que evidencia cómo el fortalecimiento comunal puede escalar hacia estructuras territoriales amplias, sostenibles y legítimas.
De manera similar, en la cuenca de los ríos Tapiche y Blanco, los comités únicos intercomunales han demostrado ser un modelo eficaz. Durante la pandemia, organizaron rondas para controlar accesos, evitar contagios y enfrentar el ingreso ilegal de dragas mineras. Su capacidad de acción confirmó que los comités no solo protegen el bosque, sino que también salvaguardan la salud y la vida comunal.
Estas experiencias evidencian que los comités, cuando son reconocidos y articulados, pueden trascender lo local y constituirse en organizaciones intercomunales de vigilancia a nivel de cuenca. Se trata de un modelo estratégico que integra competencias de distintos sectores y se proyecta hacia una gobernanza territorial más amplia.
Pese a los avances, los retos son enormes. La falta de presupuesto y equipos básicos limita la sostenibilidad de los patrullajes. Los riesgos personales que enfrentan los vigilantes, sumados a la escasa respuesta institucional, hacen de su labor un acto de valentía y convicción. Muchas veces, el Estado exige a los pueblos indígenas cuidar el bosque, pero no les brinda recursos ni garantías de seguridad.
«Este modelo demuestra que la vigilancia comunitaria no es solo un mecanismo reactivo de control, sino una plataforma de gobernanza territorial indígena, donde las decisiones se toman colectivamente, se planifica estratégicamente y se construyen alianzas para la defensa del territorio. La Red del Alto Madre de Dios es hoy una experiencia replicable, que evidencia cómo el fortalecimiento comunal puede escalar hacia estructuras territoriales amplias, sostenibles y legítimas»
El desafío es doble: por un lado, fortalecer los mecanismos internos de organización, resolución de conflictos y articulación entre comunidades; por otro, lograr que el Estado reconozca a la vigilancia comunitaria como una política pública prioritaria, capaz de contribuir de manera real a la conservación, la seguridad territorial y los derechos humanos.
A ello se suma un problema que suele quedar invisibilizado: la distancia entre lo tecnológico y lo social. Se habla cada vez más de drones, imágenes satelitales, aplicativos y sistemas de monitoreo remoto, pero muy poco de fortalecer el tejido social que sostiene la vigilancia en campo. No sirve tener mapas digitales si no existe una organización comunal capaz de responder, coordinar rutas, tomar decisiones y actuar colectivamente. La gobernanza local sigue siendo el punto más débil del sistema, y sin ella, la tecnología se convierte en una herramienta aislada, desconectada de la realidad territorial.
Hablar de soberanía territorial no es hablar solo de títulos comunales. Es hablar de prácticas vivas que se sostienen día a día, que es ejercida desde el propio territorio, con presencia, decisión y control real. Es reconocer que la Amazonía se defiende caminándola, organizándola y cuidándola; con sabiduría ancestral, vigilancia activa y tecnología adaptada a la realidad comunal.
Hoy más que nunca necesitamos respaldar a quienes han cuidado el bosque por generaciones. Su autoridad y compromiso garantizan no solo la conservación de la biodiversidad, sino la continuidad de una forma de vida basada en la memoria, la dignidad y la autonomía.
Porque, al final, “un metro titulado a una comunidad organizada es un metro ganado para la conservación”. Y no solo para conservar el bosque, sino para asegurar la vida de quienes lo habitan y lo defienden.
